La medida tiene como objetivo cumplir una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La refacturación se refiere a los tributos autonómicos aplicados durante el ejercicio 2013.

Esta refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes o la aprobada en vísperas de esta Navidad, en la que se revisa el margen de comercialización de las comercializadoras de referencia, cuyo coste apenas supondrá un encarecimiento del 0,04%.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado.

Energía se ve ahora obligada a tener preparada la orden ministerial antes del 20 de enero para evitar una multa del Supremo. Según sus cálculos, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017, o 0,489 euros al mes, para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

Por su parte, los usuarios de la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña, o los 0,05 euros de La Rioja.

Mayor consumo

Según consta en el borrador de orden ministerial sobre la medida, al que ha tenido acceso Europa Press, el importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad autónoma.

Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. "El impacto económico en los consumidores es relativamente reducido, suponiendo los suplementos objetivos entre el 1,955% y un 0,006% sobre los peajes de aplicación en 2013", afirma Energía en el borrador de orden ministerial.

Conforme a la norma que prepara el departamento dirigido por Álvaro Nadal, los valores de cada uno de los suplementos territoriales se aplicarán sobre los usuarios que hubieran tenido contrato entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

Las empresas distribuidoras deberán calcular las cantidades correspondientes a cada uno de los conceptos de regularización. Habrá reglas diferenciadas en función de si el titular del punto de suministro tiene contrato con una empresa comercializadora o directamente con una empresa distribuidora.

Cumplir la ley

De esta forma, se cumplirá con lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 y en el real decreto ley 20/2012, en los que se indica que, "en caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las comunidades autónomas o recargos sobre tributos estatales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma".

Esta redacción estuvo vigente durante el año 2013. En diciembre de ese año, se aprobó la actual Ley del Sector Eléctrico, la 24/2013, en cuyo artículo 16 se mantiene esta filosofía de que los consumidores de cada territorio costeen los tributos de su zona. El Supremo considera que el Gobierno no puede ampararse en la falta de desarrollo de la norma para dejar de aplicar la medida.

Para dar cumplimiento a la medida, el Gobierno pidió a través del Ministerio de Hacienda a las distintas comunidades autónomas afectadas la información relativa a los distintos tributos existentes en 2013 en los que se gravasen actividades e instalaciones destinadas al suministro eléctrico.

"Dichos requerimientos han sido atendidos de forma desigual por las distintas comunidades autónomas", advierte Energía, que informa además de que el pasado 21 de diciembre el Supremo le envió una providencia por la que apercibe con la imposición de multas coercitivas si antes del 20 de enero no remite a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos la propuesta de la orden ministerial necesaria para cumplir la sentencia.

FUENTE: El Pais